La reglamentación establece condiciones técnicas y administrativas para el desarrollo controlado del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Mendoza, con énfasis en la trazabilidad, la bioseguridad y la articulación institucional.
El Gobierno provincial oficializó la reglamentación de la Ley N° 9617, que establece el marco normativo para el desarrollo integral de la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Mendoza. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el decreto 1928 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
La normativa fija las condiciones para el cultivo, producción, industrialización, comercialización e investigación, con el objetivo de garantizar un uso seguro y controlado, además de fomentar el desarrollo económico y científico en la provincia.
Uno de los ejes centrales es la creación del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, que dependerá del Ministerio de Gobierno. Este organismo será responsable de otorgar permisos, fiscalizar cultivos, definir protocolos de calidad y coordinar acciones con municipios, universidades y organismos nacionales. También podrá articular con el REPROCANN, el programa nacional que habilita el acceso al cannabis medicinal.
Cannabis medicinal ¿qué significa?
La reglamentación contempla diversas modalidades de permisos, que incluyen:
- Autocultivo para pacientes con prescripción médica
- Licencias para asociaciones civiles
- Proyectos de investigación
- Empresas vinculadas a la cadena productiva
Además, se regulan los procesos de producción, transporte, almacenamiento y comercialización dentro del territorio provincial, con énfasis en la trazabilidad, la bioseguridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios.
Banco de Germoplasma y régimen sancionatorio
Otro punto destacado es la creación del Banco de Germoplasma de Cannabis, que funcionará junto al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN). Este banco tendrá a su cargo la conservación y trazabilidad del material genético cultivado en la provincia.
La reglamentación también establece un régimen sancionatorio que prevé multas, clausuras y decomisos ante incumplimientos. Asimismo, se conformará un consejo asesor con representantes del Estado, productores locales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.