La resolución fue publicada en el Boletín Oficial. La medida se aplicará durante las internaciones y contempla la participación de equipos interdisciplinarios para el seguimiento de los casos detectados.
El Gobierno de Mendoza oficializó una medida sanitaria que generó debate en la provincia: todas las mujeres embarazadas que sean internadas en maternidades de hospitales públicos deberán someterse a un test de consumo de sustancias psicoactivas. La disposición quedó establecida en la Resolución 305 del Ministerio de Salud y Deportes y ya se encuentra en vigencia.
La normativa apunta a la detección temprana y al abordaje integral de consumos que puedan derivar en complicaciones obstétricas y neonatales. Según el texto oficial, no existen dosis seguras de alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, éxtasis u otras drogas durante la gestación, ya que pueden afectar órganos en formación como el sistema nervioso central, el cardiovascular, el renal y el cutáneo del bebé.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la medida busca proteger tanto a la persona gestante como al niño por nacer. “No se trata de una sanción, sino de una herramienta para garantizar un control temprano y brindar asistencia integral”, señalaron fuentes del ministerio.
El protocolo establece que los estudios se realizarán bajo consentimiento informado y que, en caso de detectar consumo, se activarán programas de seguimiento con equipos interdisciplinarios. Esto incluye acompañamiento psicológico, controles médicos más frecuentes y derivaciones a centros especializados.
Especialistas en obstetricia remarcan que la medida puede resultar clave para reducir complicaciones en el embarazo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de alcohol y drogas durante la gestación aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y problemas neurológicos en los recién nacidos.
En Mendoza, profesionales de la salud advierten que el consumo problemático en embarazadas es un fenómeno que, aunque poco visibilizado, existe y requiere atención. “La detección temprana permite intervenir antes de que el daño sea irreversible. Es una medida preventiva que puede salvar vidas”, expresó un médico consultado por este medio.
El anuncio generó opiniones divididas: mientras algunos sectores valoran la decisión como un paso hacia la protección de la infancia, otros plantean dudas sobre la obligatoriedad y la posible estigmatización de las pacientes.