El pedido de penas en la megacausa por coimas y favores procesales que involucra al ex juez federal Walter Bento volvió a postergarse. Su defensa solicitó la citación de más de 20 nuevos testigos, en su mayoría vinculados a la salud mental, con el objetivo de avanzar en un régimen de prisión domiciliaria, una pretensión que ya anticipó el rechazo del Ministerio Público Fiscal.
El proceso judicial contra el ex juez federal Walter Bento, condenado como jefe de una asociación ilícita, sumó un nuevo capítulo que volvió a demorar la definición de las penas. La audiencia prevista para conocer el pedido del Ministerio Público Fiscal no se concretó luego de que la defensa presentara una extensa lista de nuevos testigos, lo que obligó al Tribunal Oral Federal N°2 a pasar a un cuarto intermedio.
La estrategia del equipo legal de Bento apunta a discutir no la culpabilidad, que quedó ya resuelta, sino la modalidad de cumplimiento de la condena, con el foco puesto en obtener la prisión domiciliaria tanto para el ex magistrado como para los integrantes de su familia.
Durante la audiencia, los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza solicitaron que declaren más de 20 personas, la mayoría profesionales del ámbito de la salud mental. El planteo incluye informes vinculados a la situación familiar de Bento, entre ellos la de uno de sus hijos, quien presenta una discapacidad (encefalopatía crónica no evolutiva).
El Tribunal, presidido por Gretel Diamante, deberá resolver si admite total o parcialmente esta prueba adicional. Desde la Fiscalía, a cargo de María Gloria André, ya adelantaron una postura firme en contra. En la misma línea, el fiscal Diego Velasco, sostuvo que la Fiscalía se opondrá a cualquier intento de establecer la prisión domiciliaria en esta instancia del proceso.
La audiencia también estuvo marcada por planteos técnicos. Las defensas cuestionaron la implementación del juicio de cesura, previsto en el nuevo Código Procesal Penal Federal, y objetaron el uso de un sistema mixto entre la normativa actual y el viejo Código. El Tribunal rechazó los pedidos de nulidad, pero una decisión previa, la quita de agravantes en los delitos de cohecho activo, obligó a la Fiscalía a recalcular las escalas penales y solicitar tiempo adicional.
Este escenario terminó por frustrar la lectura de los pedidos de pena, que quedó postergada para la próxima audiencia.
La posición de la Fiscalía
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que cualquier evaluación sobre la modalidad de cumplimiento de la condena recién podrá realizarse una vez que la sentencia quede firme. Además, advirtieron que los informes periciales solicitados ahora podrían perder validez con el paso del tiempo, dado que el proceso aún debe atravesar instancias de apelación ante la Cámara de Casación e incluso la Corte Suprema.
A diferencia del resto de los condenados, que llegaron al juicio en libertad, Walter Bento permanece detenido en el penal de Cacheuta, por lo que el monto de la pena que finalmente se fije comenzará a computarse de manera inmediata, descontando el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.
El caso transita una etapa clave bajo presión de los tiempos judiciales. La Cámara Federal de Casación Penal fijó como fecha límite para la resolución del juicio el 6 de febrero, lo que reduce el margen del Tribunal para admitir nuevas medidas de prueba.
Mientras tanto, la megacausa que expuso una trama de corrupción judicial, lavado de dinero y favores procesales sigue sumando controversias, con una definición de penas que, por ahora, continúa en suspenso.