Una modificación legal busca reducir los tiempos para recuperar viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda. Apunta a casos de mora, alquileres irregulares, abandono de inmuebles y ocupaciones no autorizadas.
Las viviendas sociales entregadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Mendoza podrán ser recuperadas en menos tiempo cuando los adjudicatarios incumplan las condiciones establecidas.
La medida surge a partir de una modificación del Código Procesal Civil de la provincia que busca agilizar los procesos judiciales para desadjudicar inmuebles que no cumplen con su finalidad social.
Hasta ahora, el IPV debía atravesar extensos juicios de desalojo para recuperar una vivienda. En muchos casos, el organismo tenía que demostrar ante la Justicia la titularidad del inmueble y acreditar que el beneficiario incumplía con sus obligaciones, un trámite que podía extenderse entre 12 y 15 meses.
Con los cambios aprobados, los tiempos podrían reducirse a entre cuatro y seis meses, permitiendo que esas viviendas vuelvan más rápido al sistema y puedan ser adjudicadas a otras familias que las necesitan.
Desde el organismo aclararon que no se trata de una medida automática. Antes de iniciar cualquier proceso, los adjudicatarios serán notificados y tendrán la posibilidad de regularizar su situación.
Entre los incumplimientos que podrán ser considerados para avanzar con una desadjudicación figuran:
- Mora prolongada en el pago de las cuotas.
- Ocupación irregular de la vivienda.
- Abandono del inmueble.
- Alquiler o cesión a terceros sin autorización.
- Falseamiento de datos vinculados a la adjudicación.
Uno de los objetivos principales es combatir el uso comercial de viviendas sociales que fueron entregadas para residencia permanente y terminan siendo alquiladas, incluso a través de plataformas de alquiler temporario.
La reforma habilita una mayor intervención de los juzgados de faltas en estos procedimientos, ampliando las herramientas judiciales disponibles para resolver los casos.
El presidente del IPV, Gustavo Cantero, aseguró que la reforma representa una herramienta clave para avanzar en la recuperación de viviendas sociales que no están siendo utilizadas de acuerdo con su finalidad. “Es una herramienta que necesitaba el IPV para cumplir con un objetivo en el que venimos trabajando desde el inicio de la gestión: intensificar el control de la mora y del mal uso de las viviendas“, sostuvo el funcionario.
Cantero explicó que hasta ahora gran parte del trabajo realizado por el organismo quedaba atrapado en largos procesos judiciales. “Todo ese trabajo administrativo que se hace para detectar irregularidades ahora podrá transformarse en una realidad concreta y permitirá recuperar las viviendas en menos tiempo“, afirmó.
Según detalló, la mayoría de los casos que analiza el organismo están vinculados a la falta de pago de las cuotas. “Más del 90% de los expedientes que hemos trabajado este año corresponden a situaciones de mora. Son aproximadamente 413 casos que estamos siguiendo“, señaló.
El funcionario aclaró que el objetivo no es perjudicar a las familias que atraviesan dificultades económicas, sino actuar sobre quienes incumplen de manera reiterada o utilizan las viviendas con fines distintos a los establecidos. “Lo que pretendemos es que la gente que tiene problemas para pagar se acerque al IPV. Nosotros escuchamos cada situación y analizamos alternativas para readecuar los planes de pago“, explicó.
En ese sentido, destacó que el sistema de cuotas del IPV está diseñado para adaptarse a la realidad económica de cada familia. “La cuota se calcula en función de los ingresos familiares, por lo que es un sistema bastante flexible. Si una persona perdió el empleo o vio reducidos sus ingresos, podemos revisar el esquema de pagos y ajustarlo a esa nueva situación“, indicó.
Sin embargo, remarcó que es indispensable que los adjudicatarios mantengan contacto con el organismo. “La cuota se tiene que pagar. Si hay un problema, la solución es acercarse al IPV para que podamos ayudar. Lo que no puede ocurrir es que la vivienda se abandone, se alquile o se utilice para un fin distinto al que fue otorgada“, afirmó.
Cantero también apuntó contra quienes obtuvieron una vivienda social y luego la destinan al negocio inmobiliario. “Hay casos de personas que alquilan estas viviendas e incluso algunas aparecen publicadas en plataformas de alquiler temporario. Son situaciones que van en contra del objetivo social con el que fueron construidas”, concluyó.