La menor estaba privada de su libertad y había sido sometida a una unión forzada. La investigación terminó con condenas de 10 años de prisión por trata y explotación agravada.
Un estremecedor caso de maltrato infantil, trata de personas y matrimonio forzado conmociona a San Juan. Una niña fue rescatada por efectivos de Gendarmería Nacional luego de descubrirse que estaba privada de su libertad, sometida a constantes situaciones de violencia y obligada a contraer una unión forzada dentro de una familia de la colectividad romaní.
La investigación, que demandó meses de trabajo y articulación entre distintas provincias, permitió reconstruir el recorrido de la menor y derivó en una condena de 10 años de prisión para los responsables dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.
El caso salió a la luz en abril del año pasado, cuando una denuncia anónima al 911 alertó sobre el posible secuestro de una adolescente en el departamento de Caucete.
A partir de esa comunicación, se activaron los protocolos de emergencia y personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” logró interceptar el vehículo señalado.
Dentro del automóvil viajaba la menor junto a su bebé recién nacido y varias personas adultas.
Las primeras averiguaciones revelaron un escenario alarmante: la joven había sido obligada a casarse con el hijo de la familia que la retenía y posteriormente forzada a asumir la maternidad.
Violencia, explotación y traslados constantes
Durante la investigación, los efectivos detectaron que la víctima había sido sometida a múltiples formas de violencia y control. Según detallaron fuentes judiciales, la menor fue trasladada de manera reiterada por distintas provincias como Neuquén, Córdoba y Santa Fe, permaneciendo bajo vigilancia constante.
Además, sufría: violencia psicológica, agresiones físicas, privación alimentaria, restricción al acceso a la salud, explotación laboral y aislamiento y sometimiento permanente
Los investigadores lograron reconstruir una línea temporal precisa de los hechos mediante el entrecruzamiento de información y el trabajo coordinado entre distintas unidades de Gendarmería del país.
El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y otros organismos especializados.
Las pruebas recolectadas permitieron sostener la acusación por trata de personas agravada por tratarse de una menor de edad, además de otros delitos vinculados a la explotación y privación ilegítima de la libertad. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a los imputados a 10 años de prisión.