El Gobierno avanza con la privatización de Corredores Viales y habilita el cobro de peajes en tramos clave de la Ruta 7. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca reducir el gasto estatal y transferir la gestión de la red vial al sector privado.
El Gobierno nacional oficializó la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y gestión de rutas y autopistas en Argentina. La medida, anunciada a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, incluye la eliminación de la compañía y la implementación del cobro de peajes en los tramos concesionados. Mendoza es una de las provincias afectadas por esta decisión, ya que la firma administra varios sectores de la Ruta Nacional 7.
Según el comunicado oficial, el presidente Javier Milei decretó el inicio del proceso de privatización bajo el argumento de que la gestión estatal de la red vial ha resultado ineficiente y costosa. “A pesar de que en Argentina existen rutas administradas por el sector privado, gobiernos anteriores insistieron en mantener esta empresa deficitaria, que en 2023 le costó al país unos 301.000 millones de pesos”, afirmó Adorni en conferencia de prensa.
Un relevamiento realizado por el Ejecutivo determinó que el 45% de la red vial nacional, equivalente a 3.400 kilómetros de traza administrados por Corredores Viales, no se encontraba en condiciones óptimas para la circulación vehicular. “Esto demuestra que la administración estatal de la infraestructura vial no funciona y que no es el rol del Estado gestionar autopistas”, indicaron fuentes oficiales.
Además, el vocero agregó que “A partir de este modelo, se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”.
Mendoza y los tramos afectados
En la provincia de Mendoza, Corredores Viales S.A. opera sectores clave de la Ruta 7, incluyendo el tramo Límite San Luis-Mendoza hasta Palmira, con 132 kilómetros de extensión. A nivel nacional, la empresa también administra trece corredores en distintas provincias, sumando un total de 590 kilómetros en concesión.
Con la privatización, el Gobierno exigirá a las nuevas concesionarias realizar obras de mantenimiento y mejoras en las rutas a cambio del derecho a cobrar peaje. “Desde el 10 de diciembre de 2023, la prioridad de la Administración Pública Nacional ha sido reducir el tamaño del Estado y facilitar que el sector privado impulse la infraestructura y la economía del país”, concluyó el comunicado oficial.