El Gobierno nacional presentó este martes un paquete de reformas que busca modificar el acceso de extranjeros a los servicios públicos en Argentina. Entre las medidas anunciadas indicaron la posibilidad de que las universidades nacionales y los hospitales públicos cobren aranceles a quienes no sean residentes del país. Además, se endurecerán las normas migratorias relacionadas con el ingreso y la expulsión de inmigrantes.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que estas modificaciones tienen como objetivo “ordenar el país, proteger sus fronteras y priorizar a los ciudadanos argentinos”. “Esta reforma apunta a equilibrar el acceso a los servicios públicos y garantizar que aquellos que contribuyen al sistema sean los principales beneficiados”, aseguró.

Adorni detalló que las universidades nacionales podrán implementar el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Según el funcionario, esta medida permitirá generar nuevas fuentes de financiamiento para las casas de estudio, “hoy, 1 de cada 3 estudiantes, de Medicina, es precisamente extranjero”, señaló.

“Queremos que las universidades puedan seguir ofreciendo educación de calidad, pero también que el esfuerzo fiscal sea sostenible y equitativo. Los extranjeros que estudian en nuestras universidades también deben contribuir”, afirmó.

En el caso de los hospitales públicos, se eliminará la gratuidad de la atención médica para extranjeros. Serán las autoridades nacionales, provinciales y municipales quienes definan las condiciones de acceso y los costos asociados.

Adorni destacó que experiencias similares en provincias como Salta han generado resultados positivos. “Desde que se tomó esta medida – en Salta, por ejemplo – bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”. Además, aseguró que estas reformas pondrán fin a los llamados “tours sanitarios”.

Nuevas causas de expulsión y restricciones migratorias en Argentina

Otro de los ejes de la reforma apunta a reforzar las causas que justificarían la expulsión de inmigrantes y restringir su ingreso al país. Entre las nuevas disposiciones, se incluye la posibilidad de expulsar a extranjeros detenidos en flagrancia al cometer delitos o que participen en actividades que atenten contra el sistema democrático.

“Si una persona es atrapada cometiendo un delito o poniendo en peligro nuestras instituciones, será expulsada de inmediato y no podrá regresar al país”, enfatizó Adorni. Además, quienes intenten ingresar con documentación falsa o con motivos que no coincidan con lo declarado en los controles migratorios también serán rechazados.

El funcionario también adelantó que se implementará una pena de prisión para aquellos que violen la prohibición de reingreso al país. “La Argentina es una tierra de oportunidades para quienes vienen a construir, pero no para quienes buscan aprovecharse de nuestro sistema o dañar a nuestros ciudadanos”, subrayó.

Según el vocero, estas medidas buscan proteger a los residentes y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes viven y trabajan en el país. “En los albores de nuestra historia, recibimos inmigrantes que vinieron a trabajar y a construir. Ahora, debemos asegurarnos de que esa tradición continúe, pero sin dejar espacio para abusos”, concluyó.

Las reformas anunciadas por el Gobierno buscan abrir un debate sobre la sostenibilidad del sistema público y el rol de los inmigrantes en el acceso a los servicios. Mientras tanto, la iniciativa promete generar polémica y provocar opiniones divididas en la sociedad.