A casi nueve años de la muerte del joven, un nuevo criterio de la Suprema Corte de Mendoza podría permitir revisar la prescripción que dejó sin efecto la condena contra Alejandro Verdenelli. Andrés Villouta habló del dolor de la familia y de la espera por una respuesta de la Justicia.
La causa por la muerte de Alan Villouta podría volver a dar un giro. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza fijó recientemente un criterio sobre la prescripción de las condenas que podría ser utilizado para cuestionar el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli, condenado en 2020 por el accidente ocurrido en Guaymallén.
La discusión gira en torno a cuándo comenzó a correr el plazo de prescripción. La Corte consideró que una sentencia no es firme mientras existan recursos pendientes que puedan impedir su ejecución. En este expediente, uno de los momentos clave fue el 13 de abril de 2026, cuando el máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario federal.
Con este nuevo escenario, la Procuración General de Mendoza prepara el recurso de casación para intentar revertir el sobreseimiento. Pero detrás de la discusión jurídica hay una familia que lleva casi nueve años esperando justicia.
Andrés Villouta, padre de Alan, habló sobre lo que significó para su familia enterarse del sobreseimiento de Verdenelli. “Fue sentir con mi esposa y mi familia que en aquel 2017 me lo había matado el señor Alejandro y que en el 2026 lo había matado la Justicia, literalmente, dos veces”, expresó.
Para Andrés, la noticia no significó solamente una decisión dentro de un expediente. Volvió a poner a la familia frente a la ausencia de Alan y frente a una espera que ya lleva casi una década. “Nosotros, como familiares de víctimas de tránsito, hace nueve años buscamos una justicia”, sostuvo.
El padre del joven cuestionó especialmente los tiempos del proceso y habló de una sensación que, según contó, atraviesa a muchas familias que esperan durante años una respuesta judicial. “La Justicia no puede abandonar a los familiares de víctimas, a los que quedamos. Estamos hablando de una vida”, afirmó.
El abandono que, para Andrés, marcó el caso desde el principio
Alan tenía 21 años cuando murió, durante la madrugada del 26 de agosto de 2017, tras ser atropellado en las inmediaciones de La Barraca, sobre la lateral Este del Acceso Sur, en Guaymallén.
El vehículo era un Porsche Cayenne conducido por Verdenelli. Tras el impacto, el conductor se retiró del lugar y se presentó ante la Justicia unas 60 horas después.
Andrés sostiene que el abandono posterior al accidente debería tener un peso mayor en la valoración de este tipo de hechos. “Nosotros siempre decíamos que el abandono no pasará a ser un atenuante sino un agravante”, señaló.
Para el padre de Alan, no se trata únicamente de lo ocurrido aquella madrugada, sino también de lo que vino después. “Esa persona se presentó 60 horas más tarde. Te hubieras quedado. Tiene que caer sobre él el peso de la ley”, reclamó.
El padre de Alan explicó que la espera no es solamente la de una persona frente a un expediente. Es la de una familia que todos los días convive con la ausencia.
La muerte de Alan, explicó, no quedó atrás con el paso del tiempo. Por eso, remarcó que su reclamo no busca solamente una respuesta para su familia. También piensa en los padres, madres, hermanos y demás familiares que atraviesan situaciones similares. “¿Cuántos casos hay de abandono de la Justicia?”, preguntó.
Y aclaró que no habla en representación de otras familias, sino desde su propia experiencia: “No soy representante de nadie, pero lo viví. Viví la incertidumbre. Viví el dolor”.
En paralelo con el reclamo judicial, la familia impulsa la llamada Ley Alan Villouta, una iniciativa que busca acortar los tiempos de la Justicia y avanzar en modificaciones vinculadas con las penas para determinados delitos de tránsito. Andrés contó que llevaron el planteo a la Legislatura y que también mantuvieron reuniones con funcionarios provinciales. “No quiero que pasen nueve años más sin que la Ley Alan Villouta sea presentada”, afirmó.
La propuesta nació, según explicó, a partir de la experiencia que atravesaron como familia, pero busca generar una discusión más amplia. “Leyes que salven vidas y leyes que den consuelo”, resumió.
También reclamó que quienes tienen responsabilidades dentro del sistema judicial puedan mirar las consecuencias que tienen sus decisiones sobre las víctimas y sus familias. “Así como nosotros tenemos la responsabilidad de tomar conciencia al momento de manejar, yo también les diría a los jueces, al momento de ejecutar: toma conciencia”, sostuvo.
Andrés también cuestionó la sensación de desigualdad que, desde su perspectiva, puede generar el dinero frente a la Justicia. “No queremos más que la plata mate la Justicia”, afirmó.
Durante estos años, la familia también impulsó otros reclamos relacionados con la seguridad vial. Entre ellos está el pedido de una pasarela que lleve el nombre de Alan Villouta, en el lugar donde ocurrió el accidente.
Para Andrés, esos proyectos representan una manera de transformar una tragedia en algo que pueda evitar nuevas muertes. “Me quedaron muchas cosas por vivir con mi hijo”, concluyó.