Un hombre de 79 años murió luego de ser trasladado desde un presunto geriátrico clandestino de Las Heras. La Justicia investiga si un corte de luz interrumpió el funcionamiento del respirador que necesitaba por su delicado estado de salud. La propietaria del establecimiento fue detenida y está imputada.
La muerte de un adulto mayor de 79 años destapó una delicada investigación en Las Heras, donde funcionaba un presunto geriátrico que no tenía la habilitación correspondiente. La principal hipótesis de la Justicia es que un prolongado corte de energía eléctrica habría dejado sin funcionamiento el equipo de oxígeno que utilizaba la víctima, quien padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Tras el hecho, la propietaria del lugar quedó detenida y el establecimiento fue allanado.
El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, cuando Raúl Alberto Pereyra, de 79 años, ingresó sin vida al Hospital Carrillo, en Las Heras. De acuerdo con la investigación, el hombre sufría EPOC y dependía de un equipo de asistencia respiratoria para mantenerse estable.
Según declaró su hijo ante la Justicia, decidió retirarlo del hogar donde residía porque el lugar llevaba varias horas sin suministro eléctrico y el equipo que necesitaba no podía funcionar. Mientras lo trasladaba en su vehículo, el hombre se descompensó y fue llevado de urgencia al hospital.
Sin embargo, al llegar al nosocomio, los médicos constataron que el paciente ya había fallecido varias horas antes.
Descubrieron que el geriátrico funcionaba sin habilitación
A partir del fallecimiento, intervino inicialmente la Fiscalía de Homicidios, que ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en Las Heras. Durante el procedimiento, los investigadores constataron que en el inmueble funcionaba un geriátrico sin habilitación oficial, donde residían varios adultos mayores.
Como consecuencia, se dio intervención al Ministerio de Salud para evaluar la situación de los residentes y avanzar con la reubicación de quienes permanecían alojados en el lugar. Además, el municipio inició las actuaciones correspondientes para proceder con la clausura del establecimiento.
Por disposición judicial, quedó detenida una mujer de 58 años quien estaba a cargo del establecimiento.
La causa fue calificada provisoriamente como abandono de persona seguido de muerte, mientras los investigadores intentan determinar si existieron negligencias en la asistencia que recibió el hombre tras el corte del suministro eléctrico.
Entre las medidas ordenadas por la Justicia también se secuestró documentación vinculada al funcionamiento del hogar y la medicación que recibía la víctima.
La hija de la propietaria aseguró que estaban tramitando la habilitación
Tras el allanamiento, la hija de la mujer detenida sostuvo que el lugar no funcionaba como un geriátrico tradicional, sino como una vivienda donde convivían adultos mayores bajo un ambiente familiar.
Según explicó, el establecimiento estaba en proceso de obtener la habilitación correspondiente y aún restaban algunos requisitos exigidos por los organismos de control. “Siempre aclaramos que era una casa, un lugar más familiar. Estábamos realizando todos los trámites para obtener la habilitación y solo faltaban algunas adecuaciones”, aseguró.
También relató que el corte de energía comenzó durante la mañana y que, al advertir que la electricidad no regresaba, decidieron comunicarse con los familiares del hombre para que pudiera ser trasladado a otro lugar donde contara con el suministro de oxígeno.
Según apuntó, el hombre salió vivó de la casa, “salió en silla de rueda, él se agarraba de la puerta y decía que no se quería ir. Le decía a mi máma que si él se iba no volvía“, apuntó.
La investigación continúa
Mientras avanza la causa judicial, los fiscales buscan establecer con precisión cuánto tiempo permaneció el hombre sin recibir la asistencia respiratoria que necesitaba y si los responsables del establecimiento actuaron correctamente frente a la emergencia.
En paralelo, también se analiza la situación administrativa del inmueble y las condiciones en las que vivían los demás adultos mayores que permanecían alojados allí.
La investigación, que comenzó en la Fiscalía de Homicidios, fue derivada posteriormente a la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.