La autopsia descartó lesiones y fracturas en el cuerpo de Evelin Siomara Estrada Flores. La Justicia ordenó estudios complementarios para esclarecer las causas del fallecimiento y la investigación continúa bajo secreto de sumario en el Valle de Uco.
La muerte de Evelin Siomara Estrada Flores, una niña de tres años de San Carlos, conmueve a la comunidad mendocina y mantiene en alerta a la Justicia. El sábado 20 de junio, la pequeña ingresó sin vida al Hospital Regional Scaravelli de Tunuyán, lo que derivó en la inmediata intervención de la Fiscalía del Valle de Uco.
De acuerdo al relato de la madre, Evelin estaba jugando con sus hermanos cuando uno de ellos notó que no reaccionaba. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Ante las circunstancias y las versiones confusas de los progenitores, se activó el protocolo de violencia infantil y se dispuso la detención preventiva de ambos.
El padre, de 29 años, tenía antecedentes judiciales: en 2025 fue condenado por violencia de género contra la madre de la niña, con una pena de prisión en suspenso y prohibición de acercamiento. La Fiscalía ahora deberá esclarecer por qué estaban nuevamente conviviendo pese a esa restricción.
El domingo se realizó la autopsia en el Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados preliminares descartaron golpes internos o externos, fracturas y lesiones de cualquier tipo. También se desestimó la hipótesis de picaduras, que había circulado en las primeras horas. Con estos datos, la Justicia ordenó la liberación de los padres este lunes 22 de junio.
Se dispuso la realización de estudios anatomopatológicos complementarios para determinar si existía alguna condición médica previa que explique el fallecimiento. Los resultados serán claves para definir el rumbo de la causa, que permanece bajo secreto de sumario a cargo de la fiscal Eugenia Gómez.
La Justicia mendocina deberá resolver no solo las causas médicas del deceso, sino también el contexto familiar en el que ocurrió, marcado por antecedentes de violencia y medidas judiciales incumplidas. La sociedad espera respuestas claras que permitan entender qué pasó y garantizar que se actúe con responsabilidad frente a un hecho tan sensible.