El director del Servicio Penitenciario señaló que se están investigando dónde existió la falla de seguridad y afirmó que ya son 8 los penitenciarios separados.
Luego de que el pasado martes la fiscal Claudia Ríos fuera atacada por un preso durante una audiencia, el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, admitió que pudo tratarse de un error humano, que el arma ingresará a la sala.
El servicio penitenciario reconoció que hubo una falla humana y que deberían haber detectado ese elemento al momento en el que el preso ingresó al Polo Judicial. Desde el servicio asumieron la responsabilidad, pero al mismo tiempo, criticaron al juez por no escuchar la sugerencia de que no le quiten las esposas al preso.
La causa ya tiene ocho penitenciarios apartados, ya que en el día de hoy se sumó uno más. Eduardo Orellana reconoció que el elemento, es decir, el arma de fabricación casera, debería haber sido detectado por el personal e indicó que una de las posibilidades es que el preso se hubiera metido el artefacto en el ano y cuando pidió ir al baño lo habría sacado.
“Puede ser que los detectores no estuvieran calibrados correctamente para detectar el elemento corto punzante. Estamos trabajando para dilucidar cuál fue el error. Más allá de esto, nos hacemos responsables porque es una tarea de nuestro personal velar por la seguridad en las audiencias “, indicó el director.
En cuanto a la fiscal Claudia Ríos, hoy retomó sus tareas habituales con normalidad. Estuvo al frente de un allanamiento en el Gran Mendoza por otra causa que lidera, sin embargo, apuntaron que aún no dará declaraciones públicas a la prensa.
Por la mañana, en el polo judicial, un grupo de empleados se reunió en asamblea para exigir más seguridad y respuestas por parte de las autoridades. Pese a una amenaza de paro, las audiencias programadas se realizaron sin inconvenientes.
Eñ juez de la Suprema Corte, José Valerio, se hizo presente en los reclamos. Él mismo anticipó que mañana habrá una reunión con referentes del fuero penal y con el servicio penitenciario para que las audiencias se desarrollen con niveles óptimos de seguridad. En los casos de presos de alto riesgo o complejidad, como Arrendondo, no se descarta la posibilidad de realizarlas de manera virtual.