La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la reforma del código provincial minero. La provincia ya cuenta con la nueva norma que busca modernizar y agilizar la actividad. Desde el gobierno destacaron que este código da un marco de seguridad jurídica y garantiza el cuidado del medio ambiente.
“Es un hito para Mendoza lograr la actualización de una legislación que tenía casi 80 años e incorporar los más altos estándares internacionales de control. Esta reforma incluye principios de sustentabilidad económica y social, controles y agilidad en los procedimientos. Además, incorpora sanciones efectivas para los titulares de derechos mineros que no cumplan con la ley minera o las leyes ambientales”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
“Esta nueva normativa refuerza los principios de sostenibilidad, agilidad y calidad en los controles, con normas específicas que refuerzan las facultades de la Policía Minera y otorgan sanciones ejecutables y efectivas para los titulares de derechos mineros que no cumplan con la ley”, aseguró Jerónimo Shantal, a cargo de la Dirección de Minería.
El código sancionado por ambas cámaras legislativas abarca las minerías de primera, segunda y tercera categoría (canteras), regulando incluso el transporte de minerales que transitan por nuestras rutas y caminos.
En su articulado agiliza el trámite de permisos, evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias mineras. También apunta a un desarrollo económico, responsable y sostenible, con la profesionalización y aumento en la dotación de la Policía Minera e inspectores, que tendrán mayores funciones y facultades. Así, se habilita a quienes controlan a vigilar los trabajos subterráneos, superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas.
También destacaron que con el nuevo código se involucra activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo a la participación en todo el proceso, desde la exploración hasta el transporte.
Con esta reforma, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental será iniciado ante la Dirección de Protección Ambiental, con Declaración de Impacto Ambiental para cada una de las etapas del proyecto.
Las normativas rigen para toda la cadena de producción y abarca a los titulares de derechos mineros, los operadores de prospectos y de proyectos, contratistas, subcontratistas y empleados. Por eso será obligatorio firmar una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que consignará la descripción de los grupos y comunidades de las zonas de radio influencia directa e indirectas al área.
Los interesados además deberán detallar la metodología de trabajo, código de conducta, reporte de sustentabilidad de la empresa, comunicación y talleres y controles de higiene y seguridad.
Para la minería de tercera categoría, conocida como “canteras”, se aumentarán los controles para regular y controlar eficientemente las posibles afectaciones de cauces fluviales y aluvionales, dando intervención a la Dirección de Hidráulica.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
