Ficha Limpia

Ya rige la ley que impide ser funcionario o candidato a quien sea sospechado de cometer un delito

El gobernador de Mendoza promulgó la ley que fue aprobada en la Legislatura el pasado 25 de noviembre y que fue denominada Ficha Limpia.

11 de diciembre de 2020 | 11:32

El gobernador Rodolfo Suarez promulgó la ley Ficha Limpia, que impide que quienes estén sospechados de cometer un delito, o hayan sido condenados por eso, sean candidatos a ocupar cargos públicos.

La Ley fue aprobada por mayoría de votos el pasado 25 de noviembre y establece, además, que los partidos políticos o alianzas electorales exijan a todos sus precandidatos y candidatos, el Certificado de Antecedentes Penales. De no hacerlo, tendrán 24 horas para su presentación o reemplazo del candidato, bajo riesgo de que la lista no pueda participar de las elecciones.

Surgida de tres iniciativas que tenían como fin modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Electoral, Ficha Limpia había obtenido sanción inicial en la Cámara Baja el 16 de septiembre. Sin embargo, tras las modificaciones introducidas en el Senado, el proyecto volvió a la Cámara Baja donde finalmente hoy se convirtió en Ley.

En líneas generales, se incorporaron más delitos a las limitaciones para poder ser candidato a un cargo electivo, como el homicidio simple, como todas las agravantes del homicidio, como el homicidio culposo agravado por conducción indebida cuando una persona ha ingerido sustancias, alcohol, o por exceso de velocidad, con abandono de persona, como el homicidio como resultado de riña, o la privación ilegítima de la libertad, la desaparición forzada de personas, la tortura, cuando una persona encargada de un menor de 10 años no lo presenta a sus padres o tutores cuando lo fuera requerido. La explotación por trabajo infantil, la coacción, las amenazas agravadas, el robo seguido de homicidio, la extorsión y el secuestro extorsivo, fraude a la Administración Pública y un capítulo que también se incluye, son los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

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