Video: Activistas se interponen ante topadoras para evitar desmonte

Activistas de Greenpeace se interpusieron ante topadoras que se encontraban desforestando una finca, ubicada al norte de Salta, propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.

Se trata de un desmonte de bosques protegidos por la Ley Nacional de Bosques que fue autorizado en forma ilegal por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido de los propietarios de la finca para poder plantar soja.

Entre diciembre y lo que va de enero las topadoras arrasaron con 400 hectáreas y avanzan hacia un poblado en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. 

“Estamos en momentos críticos porque es uno de los pocos bosques que quedan en pie en la zona. Si siguen desmontando nosotros vamos a seguir protestando hasta que se detengan, pero sabemos que la solución, más allá de nuestra lucha, es política: el empresario que está haciendo esto participa en empresas de la familia Macri; el gobierno nacional puede frenarlo con sólo levantar un teléfono”, dijo en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.

La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, y contiene bosque nativo de la ecorregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I–Rojo y II–Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes.

Sin embargo, Braun Peña solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría III- verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, la superficie de media ciudad de Buenos Aires; ya lleva desmontadas más de 5 mil hectáreas.

La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos, detalla ese medio.

Para los empresarios, el atractivo de estas tierras es la relación entre su fertilidad y su valor: “mientras que, en Pergamino, provincia de Buenos Aires, una hectárea cuesta 15 mil dólares, en esa zona se paga 500 dólares. Es más barato comprar un campo allí y desmontarlo, que comprar un campo ‘limpio’ en la pampa húmeda”, detalló Giardini a Página 12.

Además, el activista explicó que el área de monte que queda en pie es fundamental para la vida de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, al tratarse de su único sustento de alimentos y hierbas medicinales: “Para estas comunidades los bosques son su base de subsistencia: son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, señaló el ambientalista. 

Greenpeace he elaborado una petición para “frenar las topadoras”. Si querés firmarla, ingresa AQUÍ.