Paralelamente a que salieran a la luz decenas de denuncias por abuso sexual en el Instituto Antonio Próvolo a fines del 2016, también se reclamó el no accionar de tres fiscales cuando una mujer denunció en el 2008 que su hijo había sido vejado.
Concretamente, la madre de un alumno acudió a la Oficina Fiscal 11 de Luján y dijo detectar comportamientos extraños en su hijo, además de un dibujo que reflejaba una situación de sometimiento sexual.
La mujer apuntó directamente contra Jorge Bordón, uno de los ex empleados del Instituto de Luján de Cuyo, que hoy está detenido e imputado.
Sin embargo, por falta de estudios psicológicos y sin más avales que la declaración de la mujer, la causa quedó en la nada, planteando el interrogante de si se podrían haber evitado las situaciones de abuso denunciadas años después.
Por tal motivo, a fines del año pasado el Ministerio Público Fiscal decidió investigar el accionar de cada uno de los fiscales que intervinieron en la causa: Claudia Ríos, Fernando Giunta y María de las Mercedes Moya.
El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, aceptó el descargo de Ríos y no la sancionó; sin embargo, los fiscales Giunta y Moya fueron apercibidos al considerar que su proceder no fue correcto, por lo que quedará una mancha en su legajo.
En tanto, comenzó la recta final de parte de esta mega caso. El fiscal Gustavo Stropiana se encuentra ultimando detalles para elevar la causa a juicio y juzgar, en primera instancia, a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, como así también a los ex empleados del Próvolo, Jorge Bordón y Armando Gómez. Por la causa hay 14 personas imputadas, de las cuales 6 permanecen privadas de su libertad.
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