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Transporte

¿Qué otros aspectos regula la Ley de Movilidad?

La Legislatura de Mendoza aprobó el ingreso de Uber a Mendoza pero también legisla otros sectores.

1 de agosto de 2018 | 07:34

La aprobación en la Legislatura de Mendoza de la Ley de Movilidad significa una actualización a la Ley 6.082, que no sólo habilita el ingreso de las plataformas digitales de servicio de transporte como Uber y Cabify, sino también regula otros aspectos como el turismo y actualiza las normas para poder cumplir con el Plan de Movilidad 2030 que encara el Gobierno de Alfredo Cornejo.

Para el Ejecutivo, el objetivo es conservar los principios establecidos en la Ley 6082, incluyendo los conceptos del Plan de Movilidad 2030, incorporados ya al nuevo sistema en curso de licitación. Así, lograr un texto coherente que contemple las nuevas y distintas formas en la prestación del transporte de pasajeros y cargas, para que la planificación trascienda las gestiones de gobierno y se generen políticas de Estado al respecto. También busca brindar reglas claras para la prestación, terminando con el desorden normativo que pone en riesgo los derechos de los usuarios.

En esta misma línea, se institucionaliza la marca Mendotran como identidad del servicio de transporte en el área metropolitana. La implementación es aplicable a la prestación a través de concesión a particulares o mediante la empresa de capital estatal Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

La Ley también remite a los lineamientos, directrices y programas que se enuncian al respecto en la Ley 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.

Entre los principales aspectos que se modifican se destaca la clasificación y calificación de los servicios de transporte para mejorar la prestación y la calidad del control. Propone una nueva categorización, que resulta más clara y adecuada a la demanda y prestación real, para ampliar la oferta con reglas claras.

Se contemplan encuestas de opinión al usuario. El EMOP (Ente de Movilidad Provincial) deberá evaluar los niveles de satisfacción, lo cual se realizará mediante la implementación de un sistema de encuestas permanentes, que permitirán indagar las percepciones de los ciudadanos respecto de diferentes aspectos que hacen a la imagen y calidad del sistema.

Como parte de la adaptación de autoridades competentes a las instituidas por las nuevas leyes, la ley suprime el Comité de Tránsito y Transporte, como lo hace la Ley 9024, y cuyas funciones son absorbidas en parte por la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV) y en otra parte por el Órgano Consultivo del EMOP (Ente de Movilidad Provincial). Además, da participación y se exigen dictámenes sectoriales previos en materias que, directa o indirectamente, puedan afectar la planificación de la movilidad.

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