La Nación, a través de un decreto, le otorgó a los gobiernos provinciales y a los municipios la posibilidad de controlar que se cumplan los precios máximos.
En esta atribución, las personas que realizan los controles pueden aplicarle multas a los comercios y a los supermercados.
En ese sentido los comercios pueden recibir una sanción de $20.000 y los supermercados de $100.000.
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