Por qué causa polémica la ley de libertad religiosa de Macri

El Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Congreso nacional un proyecto de ley de libertad religiosa, que fue elaborado con el aval de los distintos cultos que conviven en el país, que por primera vez regula la objeción de conciencia.

La objeción de conciencia está contemplada en el artículo 7 del proyecto y establece que "toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica".

A la vez que añade que el objetor "deberá ofrecer la realización de una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas". Y especifica que "la buena fe del objetor se presume por la disposición a cumplir una prestación alternativa razonable o por la existencia de una norma obligatoria expresa impuesta por la entidad religiosa a la que pertenezca de modo comprobado el objetor".

El proyecto detalla, además, que el derecho a la objeción de conciencia puede ser ejercido ante la prestación del servicio militar, el cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, el sometimiento a tratamientos médicos, el homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso, entre otros supuestos.

Esta modificación implica que el sujeto no estará obligado a cumplir con actos legales que lesionen su fe y que podrá guiarse según los dictados de la conciencia moral. Esto deja un terreno ambiguo y liberado para aquellos que quieran escudarse bajo un mandato religioso.

Esta iniciativa agrega otra novedad: el registro de cultos para las confesiones religiosas que actúan en el país pasará a ser voluntario -hoy es obligatorio- y quienes decidan inscribirse podrán gozar de beneficios, como exenciones impositivas.

El proyecto propone, también, modificaciones al Código Civil y Comercial y al Código Penal. Declara inembargables los templos, los lugares de culto y los objetos sagrados y considera un agravante en los delitos de hurto y daños cuando el hecho afecta a "un objeto considerado sagrado o destinado exclusivamente al culto por una entidad religiosa".