El Gobierno confirmó que aquellos empleados rurales que reciben planes sociales y sean contratados “bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo”, o para “desarrollar actividades agropecuarias”, podrán mantener las asistencias estatales.
La medida, que era un reclamo histórico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para favorecer a las economías regionales, “entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2021 y regirá por el término de dos años contados desde dicha fecha”.
De esta manera, “siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente”, las personas podrán continuar recibiendo las ayudas del Estado, “las que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”.
En tanto "cuando dejen de estar cubiertos o cubiertas por el régimen general de asignaciones familiares contributivo, “tendrán derecho a la percepción de las asignaciones universales”, si es que reúnen “los requisitos pertinentes”.
Así las cosas, los empleados rurales que cobren:
Con la AUH pasarán a cobrar SUAF pero en ningún caso inferior al 100% de la AUH.
Los contratos deben ser bajo las modalidades:
Podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas” cuando “sean contratados bajo alguna de las modalidades enunciadas”.
Serán los Ministerios de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, ahora a cargo de Juan Zabaleta, los que “establecerán las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas y planes referidos y con programas sociales y de empleo nacionales vigentes o que se instituyan en un futuro, que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social”.
De acuerdo con el Gobierno, esta decisión “tiene por objeto la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social de los trabajadores y las trabajadoras rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales”.
Se trata de un reclamo histórico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ya que desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre los problemas que había para conseguir personal para las tareas de cosecha en las economías regionales, por la problemática que se buscará resolver mediante la decisión del Gobierno.
Este sector emplea el 70% de la mano de obra rural, está integrado por más de 30 complejos productivos y representa el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales: el año pasado, recibió divisas por USD 7.015 millones y dio trabajo alrededor de 625.000 personas.
La preocupación de la CAME está puesta en la falta de mano de obra en los campos durante los meses de cosecha por la ausencia de un mecanismo que les permita a los trabajadores golondrina realizar las tareas de recolección al costo de interrumpir subsidios estatales que reciben. Para muchos trabajadores, tomar un empleo por pocas semanas para luego quedar fuera de subsidios durante todo el año no es una decisión conveniente.
De hecho, entre los considerandos del Decreto publicado este sábado, el Gobierno señaló, justamente, que “los trabajadores y las trabajadoras rurales que se tutelan con esta medida realizan sus actividades en períodos discontinuos de tiempo, en los que concentran sus ingresos salariales, superan en muchos casos los límites de los primeros tramos de asignaciones familiares y perciben montos más bajos por esos períodos, lo cual desalienta su registración laboral”.
Por ese motivo, las autoridades nacionales estimaron “oportuno determinar que los montos de las asignaciones familiares a las que tengan derecho en ningún caso serán inferiores al equivalente al 100 % del valor de la “Asignación Universal por Hijo para Protección Social”.
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