En medio del debate por el aborto, también se está tratando en el Congreso (consiguió la sanción en Diputados) del Plan de los 1000 días que beneficiará considerablemente a las embarazadas del país.
En su texto, el proyecto señala que está apuntado a "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.
Así lo definió el presidente Alberto Fernández en noviembre, al anunciar el envío del proyecto al Congreso.
El plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral.
Entre los beneficios para embarazadas que tendría el plan está:
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
Estos beneficios significan más de $10000 para las mujeres embarazadas que perciben la AUE.
En sus principios rectores, el texto resuelve para su cumplimiento la coordinación entre las áreas estatales, la simplificación de trámites para el acceso de esos derechos y el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada a las familias, monitoreo y seguimiento de los casos y un informe anual ante el Congreso para rendición de cuentas sobre la marcha del programa.
El proyecto, destaca, además, el "derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad" para las "niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años", "personas que cursen embarazos de alto riesgo" o padezcan "trombofilia", "mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género" y "niñas y adolescentes embarazadas".
"En aquellos casos en los cuales, en el marco de la atención sanitaria, se observen indicios o sospechas de posibles situaciones de violencia por motivos de género, los equipos profesionales y personal interviniente tienen el deber de informar a las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes sobre los derechos establecidos en la Ley N° 26.485 y sobre los recursos de atención y denuncia existentes", propone.
Se crea, además, en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa "para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los tres años".
"Esta Unidad tendrá como función el abordaje integral y la coordinación de las acciones necesarias para la plena implementación de lo establecido en la presente ley", se precisa sobre dicha unidad, que además estará integrada por representantes de otras dependencias estatales como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Anses, Renaper y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
En ese ámbito, que se ocupará principalmente de garantizar la coordinación y la articulación de las políticas sanitarias, de género, de cuidado, transporte y registro de los casos, se trabajará para "promover la integralidad en la atención" de las personas gestantes y sus niños de hasta tres años; se promoverá el acceso a la información, se diseñarán los protocolos de actuación y todo lo relativo al cumplimiento de la ley, incluyendo el plan de capacitaciones y otras herramientas.
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