La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de Ley impulsado por Ana María Andía (UCR), por el cual se deroga la Ley 8116 de 2009, que limita exclusivamente al ámbito institucional sanitario de la provincia, el expendio, suministro o fraccionamiento de medicamentos que contengan el principio activo "MISOPROSTOL" solo o asociado a otros principios activos.
Durante el tratamiento en el recinto, se pusieron en consideración dos despachos, uno en mayoría, que deroga la Ley 8116, y otro en minoría que proponía el archivo del proyecto. La votación resultó: 26 votos por el primero, 21 votos por el segundo y un ausente.
La diputada Andía, al igual que María José Sanz (UCR), hizo hincapié en la necesidad de desalentar el circuito clandestino de este medicamento, pero además, “centralmente se trata de poner a nuestra provincia en iguales condiciones que el resto del país - excepto San Juan que mantiene las mismas restricciones planteadas por la actual Ley provincial -, respecto a las condiciones de acceso”.
Todo ello “en el marco de la legislación vigente” respecto al ILE (Interrupción Legal del Embarazo), determinado por el artículo 86 del Código Penal.
“La Organización Mundial de la Salud incluye al Misoprostol dentro de sus medicamentos esenciales, lo que significa que debe estar presente tanto en los hospitales de mayor complejidad como también en la última de las postas sanitarias”, subrayó.
Se trata, según explicó Sanz, de legalizar la venta en farmacias con receta archivada, firmada por un médico y expendida por un profesional farmacéutico, “pasando así dos controles en cuanto a lo que regulación de salud se refiere”.
Además, pretende extinguir el circuito clandestino de venta y establecer una situación igualitaria con 22 provincias argentinas. “Este nuevo proyecto pone a nuestro sistema de salud y principalmente a nuestras mujeres en una situación de equidad como Estado federal que somos”, subrayaron.
Por su parte, Macarena Escudero adelantó el voto positivo del bloque del FIT, e indicó que “el Misoprostol es reconocido por la OMS como esencial para la salud reproductiva de las mujeres. En nuestro país, las únicas dos provincias que prohíben su venta en farmacias son San Juan y Mendoza, a pesar que la ANMAT ya lo ha autorizado. Estaríamos a contramano no sólo del resto del país sino de lo que establece la OMS respecto al derecho de las mujeres”. Su prohibición respecto a la comercialización, “permitió un gran mercado ilegal”.
A su turno, Marcos Niven (PD), adelantó su voto negativo por considerar que este tema “se trató profundamente en el Congreso Nacional y dividió a la Argentina en dos sectores. El objetivo de la Ley que se pretende derogar, era cuidar la salud de la mujer. El Misoprostol no está prohibido sino que se aplica dentro de la ley en aquellas instituciones públicas o privadas bajo el control médico que corresponde. Y cuando decimos que sea adquirido libremente, estamos descuidando la salud de la mujer y no estamos entendiendo que esta droga puede ocasionar problemas. Si esta es la forma de combatir el mercado negro, cuántas cosas habría que legalizar. Estamos hablando de la vida humana”.
En tanto, Patricia Galván y Cristina Pérez (PJ) se manifestaron a favor del proyecto. Galván, sostuvo que “si hablamos desde el punto de vista de un medicamento, los que recetamos sabemos que todos tienen sus pro y sus contra y si no, cada vez que tomen un medicamento lean el prospecto”.
“Como legisladores tenemos que mejorar las condiciones de vida de las personas. No tenemos estadísticas del uso del Misoprostol como tampoco del no uno, pero la clandestinidad induce a la mala praxis, a la automedicación , y el Estado tiene que regular y controlar las recetas que se expenden. Son recetas archivadas y eso se tiene que cumplir”.
Eduardo Martínez, desde el bloque Protectora, manifestó su voto afirmativo y subrayó que “los sectores más desposeídos caen en el mercado clandestino del Misoprostol” y eso “hay que evitarlo”.
Desde el bloque Unidad Ciudadana, Lucas Ilardo fundamentó el acompañamiento al proyecto argumentando que “es un debate que no debería haberse dado en esta Cámara. A esta Legislatura no le corresponde prohibir la venta de un medicamento porque son facultades del Congreso de la Nación, no lo deberíamos haber debatido ahora ni se debería haber debatido en 2009 cuando se prohibió” la Ley 8116. “Vamos a acompañar el proyecto por convicciones”.
Desde el bloque del PRO, tanto Hebe Casado como Pablo Priore expresaron su voto negativo y señalaron que “liberar la compra en las farmacias puede implicar también que quien tenga la posibilidad de comprar el Misoprostol, no se haga los controles que se deben hacer y que hoy se hacen en los hospitales. Quiero que me garanticen la salud de esas mujeres. Si se administra el Misoprostol quiero que se hagan los controles. Y esos controles los garantizan las clínicas y hospitales, como se viene haciendo hasta ahora”.
También Carina Segovia, titular del bloque del PJ, sostuvo, en coincidencia con Gustavo Majstruk, y Daniel Rueda , que “hoy el aborto en la Argentina es un delito. Se debatió y no se lograron los números suficientes en el Congreso Nacional. Hay que poner blanco sobre negro en lo que hay en la Argentina, sus leyes y los códigos. Acá se ponen en contradicción dos derechos, el de la persona por nacer y el de la mujer que lo gesta”.
“Se dice que esta ley viene a derribar barreras pero yo no veo que se le mejoren las condiciones de vulnerabilidad a las mujeres y menos a las mujeres pobres”. En igual sentido se expresó Jorge Sosa (UCR).
Finalmente, Mario Diaz (EP), manifestó que “lamentablemente todos los mecanismos preventivos que debe dar el Estado para tener una política de prevención para evitar males mayores, no se han aplicado. Como creo en los derechos, entiendo que estos son derechos de la mujer y deben ser respetados”.
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