Sigue la polémica por el debate en la Legislatura por la derogación y/o modificación de la Ley 7722 que regula la actividad minera en la Provincia y hay dos proyectos presentados. Luego de escuchar a empresarios, sindicatos y especialistas, este jueves fue el turno de los intendentes.
La Ley 7722 data del año 2007 y controla y regula la actividad minera y prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos. Desde entonces la Provincia se ha dividido entre aquellos que quieren la actividad y los que defienden los derechos ambientales.
Guaymallén, Malargüe, Godoy Cruz, Maipú manifestaron su acuerdo a la modificación de la ley, mientras que San Carlos, Tunuyán, General Alvear mantienen su posición en contra.
Jorge Difonso, intendente de San Carlos, coautor y defensor de la llamada ley "antiminera" aseguró que de no tenerla, Mendoza sería Jáchal. En pleno debate citó el ejemplo del departamento sanjuanino y los cinco derrames de cianuro que han sufrido.
Como cada jueves, desde principios de octubre, se reúnen legisladores, integrantes de las comisiones de Ambiente, de Hidrocarburos y Legislación con distintos actores de la sociedad civil. El debate se habilitó a fines de septiembre por el visto bueno que consiguieron dos senadores y ex intendentes del peronismo, Juan Antonio Agülles y Alejandro Abraham.
Mientras tanto, en la puerta de la Legislatura, las asambleas mendocinas por el agua pura realizaron una concentración en defensa de la ley 7722. Rechazan las modificaciones y aseguran que hay un fuerte interés de empresarios mineros detrás de los proyectos presentados.
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