El gobierno nacional prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley de Financiamiento educativo que asigna una parte de los recursos de coparticipación al sistema educativo de las provincias. Se trata de un porcentaje de dinero que se utiliza para el pago de salario y mejoramiento de la calidad educativa.
A través del DNU 231, firmado por el presidente, Javier Milei y todos los ministros, se garantizarán las partidas establecidas por ley para “el pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.
El ejecutivo prorrogó un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que garantiza el envío automático de fondos a las provincias.
En los considerandos del decreto, se aseguró el “reparto automático de los recursos” a los ministerios de educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para “cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”. Puesto que, agregaron que “resulta necesario dar continuidad a lo establecido por la ley de financiamiento educativo”.
Esta medida se da luego de la tensión entre los gremios docentes y los gobiernos provinciales con el ejecutivo quienes habían rechazado la decisión que tomó Milei acerca de la retención de las partidas presupuestarias para educación.
A la Provincia de Mendoza, le corresponde alrededor de 75 mil millones de pesos para el 2024. De eso, el 18% debe entregar en coparticipación a los municipios. Sin embargo, el Fondo de Incentivo Docente (FONID), sigue suspendido, una medida que afecta directamente al salario de los docentes y directivos.
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