La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de ética pública. La norma establece que además de los funcionarios, proveedores y contratistas del Estado deberán presentar declaraciones juradas. A su vez, se creará el cargo de un auditor que se encargará hacer cumplir la normativa.
Pese a que acompañó el proyecto del oficialismo en la votación, el Justicialismo puso reparos a la iniciativa. La objeción principal radicó en la forma de designación del auditor general, quien tendrá el trabajo de hacer cumplir la nueva ley.
Desde el oficialismo respondieron a los cuestionamientos, asegurando que la figura del auditor general, por su forma de elección y periodo de trabajo, garantiza la institucionalidad del cargo. Finalmente, la norma fue aprobada con 31 votos a favor (PJ, UCR y Libres del Sur) y 2 en contra (FIT).
Aprobada la Ley de Ética pública! Con el apoyo de los bloques mayoritarios. Excelente felicitaciones!! pic.twitter.com/hmLm4Hw5XU
— Laura Montero (@lauramonteromza) 8 de agosto de 2017
El Frente de Izquierda fue la única fuerza política que no acompañó la iniciativa, por considerar que la designación del auditor, propuesto por el mismo ejecutivo y votado por los legisladores, no garantiza la transparencia de su función.
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