La Provincia de Mendoza acudió a la Corte Suprema de Justicia por la matanza de 34 cóndores en Malargüe y otros animales, un trágico hecho que ocurrió en enero del 2018.
Se trata de una demanda iniciada por Fiscalía de Estado, junto al Gobierno de la Provincia, con el objetivo de que se restituya el entorno natural dañado por la muerte de los 34 cóndores.
Dos personas fueron imputadas por este delito, consecuencia de un envenenamiento con carbofurán vinculado a la práctica ganadera.
A partir de un estudio de la UNCuyo, el Gobierno entiende que esta matanza produjo una alteración ambiental grave, que debe ser revertida por quienes fueron responsables.
Desde el Gobierno de Mendoza buscan que la Corte Suprema resuelva cuál es el programa de recomposición ambiental más adecuado y que los responsables (particulares y empresas) lo solventen.
El cóndor andino ha sido declarado Monumento Natural por la Ley 6.599 y calificado dentro de las especies en peligro de extinción.
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