En el Congreso de la Nación se está tratando la nueva Ley de Alquileres que cambiará el paradigma de los contratos de alquiler en el país.
Entre los cambios más significativos se destacan:
Los contratos tendrán un plazo mínimo de tres años, en lugar de dos, como sucede actualmente.
La actualización del precio de todos los contratos (independientemente de su valor) será anual, en lugar de semestral.
El aumento del precio del alquiler se calculará sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución mensual de la inflación ( IPC) y de los salarios (RIPTE).
El depósito de entrada que pagan los inquilinos al iniciar el contrato no podrá representar un monto mayor al valor del primer mes de alquiler.
Los inquilinos tendrán más opciones a la hora de presentar al propietario en concepto de garantía: ya no sólo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios.
Las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y no del inquilino. El inquilino sólo deberá pagar las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio.
Los ocupantes de la vivienda podrán interrumpir el contrato y abandonarla en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo.
Todos los contratos deberán estar inscriptos ante la Afip para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal. Así, obligaría a los propietarios a "blanquear" el ingreso que perciben por el alquiler, y se evitarán los conflictos por contratos fraudulentos o apócrifos.
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