En 2014 por primera vez, jueces federales fueron al banquillo por delitos de Lesa Humanidad. De esta manera Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo se sentaron en el banquillo y fueron condenados por las omisiones de los delitos que estaban sucediendo durante la última dictadura militar.
Como explica hoy diario El Sol, el fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, sostuvo este martes que el fallo que podría favorecer a los represores condenados "violaba la normativa internacional que prohíbe limitar la sanción de este tipo de crímenes".
El fiscal también consideró que "viola la proporcionalidad de la pena" porque "al aplicarse el beneficio, se iba a reducir sensiblemente", y agregó que la ley 24.390 (2x1) "no estaba vigente al momento de los hechos ocurridos (1976)".
Su fallo fue tenido en cuenta para que anoche un Tribunal de San Juan, declaró inconstitucional la aplicación de la Ley del "2x1" al ex suboficial Alejandro Lazo.
El abogado, Pablo Salinas, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), advirtió que con el 2x1 cerca de cien genocidas condenados por delitos de lesa humanidad podrían gozar del beneficio, así como también los ex jueces.
Los ex camaristas Romano y Miret fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura. Durante la dictadura, Romano ejerció como fiscal federal y como juez subrogante. Se lo imputa por no intervenir en delitos de privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas que continúan desaparecidas y 26 casos de tortura. Romano estuvo prófugo dos años en Chile y fue extraditado en septiembre del año pasado.
El caso de Luz Faingold será analizado en el juicio. En agosto de 1975, Luz tenía 17 años y estaba secuestrada con otras diez personas en el centro clandestino Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, donde había sido torturada y violada. Miret la visitó como juez federal y sabiendo de las violaciones y torturas la dejó varios días más en el D2. El juez destituido argumentó que la chica no estaba contenida por sus padres, así que era mejor que se quedara bajo el cuidado de los torturadores.
Con una falta de mérito, Petra Recabarren benefició al teniente coronel Luis Stuhldreher, que fue intendente de San Rafael en 1976. Se lo había imputado por 18 desapariciones. Gracias al ex juez, Stuhldreher –que estuvo dos años prófugo de la Justicia- nunca llegó al banquillo de los acusados ante un tribunal oral. El Consejo de la Magistratura también investigó a Petra por excarcelar masivamente a represores.
Los otros dos jueces imputados, Guzzo y Carrizo también recibieron denuncias por mal desempeño.
El fiscal Marijuan impulsó la investigación de una denuncia por prevaricato contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco, quienes firmaron el fallo para beneficiar con el 2x1 a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.
La denuncia fue impulsada por el abogado y ex legislador porteño, Marcelo Parrilli, quien sentenció que los magistrados habrían cometido el delito de "prevaricato", es decir dictar sentencias contrarias a la ley.
La objeción apuntó al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien, además, ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.
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