La brigada de la Policía Federal del departamento de San Rafael, junto a otros organismos nacionales, llevaron a cabo en la mañana de este viernes, el allanamiento de una finca ubicada en Real del Padre donde lograron rescatar a diez hombres mayores de edad que se encontraban bajo explotación laboral.
A principios del mes de enero se originó la investigación a raíz de una denuncia radicada por uno de los trabajadores que se puso en contacto con el Ministerio Público Fiscal sanrafelino, encabezado por el Dr. Ignacio Sabás tras haber escapado del lugar.
El hombre, oriundo de la provincia de Salta, relató ante la justicia viajó a Mendoza ya que había sido contactado por el encargado de la finca para trabajar en la cosecha de peras y duraznos y la remuneración económica era buena.
Una vez que comenzó a trabajar se dio cuenta que la paga era mucho menor a la que le habían prometido y las condiciones habitacionales eran muy precarias.
La brigada de la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal comenzó la investigación donde logró localizar el lugar con exactitud y la identidad de la persona denunciada.
Mediante averiguaciones y seguimientos pudieron determinar que el hombre acusado se dedicaba a contactar personas del norte del país, como Salta y Tucumán, entre otras, les pagaba el pasaje del colectivo con la promesa de un buen trabajo en la cosecha.
Además, los investigadores constataron que el denunciado tenía dos camiones junto a su hermano y su padre con los que, siempre bajo su supervisión, trasladaba a los trabajadores a fincas cercanas desde muy temprano y hasta el anochecer.
Se consiguió la orden de allanamiento de la finca que autorizaba también la participación de organismos nacionales especializados en cada área como: el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata; la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
Personal de Investigaciones de General Alvear llegaron al punto indicado en busca de material que había sido utilizado para amenazar al denunciante.
Cuando allanaron el lugar, la Policía Federal junto a la Policía local y el resto de los organismos específicos, descubrieron que estas personas vivían en condiciones extremadamente precarias. Sus habitaciones no contaban con puertas ni ventanas, las aberturas del lugar se encontraban cerradas con nylon oscuro, lo que les impedía la vista al exterior. Las camas y colchones se encontraban muy deteriorados y ni siquiera contaban con ducha de agua caliente.
A varios metros del lugar que habitaban habían improvisado sanitarios con postes y nylon, dentro de los cuales habían hecho un pozo que oficiaba de letrina. Otros de los “baños”, estaba cerrado con ladrillos encimados, sin ningún tipo de estabilidad y cuya altura no superaba el metro, este también con un pozo tipo letrina.
El Juez Federal Eduardo Puigdéngolas se encuentra en la espera de los informes policiales y de los organismos.
Las entrevistas realizadas por las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata es fundamental para determinar las responsabilidades de cada uno de los identificados.
Se dispuso la detención de uno de ellos y el secuestro de documentación para la causa como: teléfonos celulares, notebooks, fichas que utilizaban para el pago y los dos camiones en los que trasladaban a las víctimas.
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