La Cámara de Senadores aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo que aplica la Extinción de Dominio en la Justicia Provincial. Se trata de una modificación al Código Procesal Civil de Mendoza y a la Ley del Ministerio Público Fiscal para establecer el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio en los casos que investiga la Justicia.
La propuesta fue aprobada por 28 votos afirmativos mientras que 5 legisladores se opusieron a que se ratificara. La norma pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa facilitará la capacidad del Estado para recuperar bienes vinculados con delitos complejos, como actos de corrupción y narcotráfico.
El año pasado, el Gobierno nacional había emitido un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para aplicar la ley, que fue rechazado por la Comisión de Trámite Legislativo y sigue debatiéndose en el Congreso de la Nación.
Cabe aclarar que el proyecto provincial no forma parte de una adhesión al DNU firmado por el Presidente Mauricio Macri, ya que el DNU modificará el Código Civil Nacional abarcando sólo a los delitos federales. En el caso de Mendoza, el proyecto modificará el Código Procesal Civil de la provincia para aplicar la extinción de dominio en el ámbito de la Justicia provincial.
El proyecto mendocino, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, reconoce algunos cuestionamientos realizados por la oposición. Se les otorga una vía de defensa a las personas acusadas penalmente de manera que puedan probar el origen de los bienes cuestionados. También permite incautar esos bienes, no al final del proceso sino cuando se está imputado o sospechado.
En caso de que la persona haya sido declarada inocente, se devolverá el bien a la persona o su precio si el bien no pudiera reintegrarse. Esto se logrará a través del fondo creado con el producido de esos activos para poder hacer frente a estas eventuales consecuencias.
En Mendoza, los bienes provenientes de la corrupción serán destinados a construir y reparar escuelas. Está previsto que todos los bienes incautados vayan a un fondo especial, con asignación específica, destinado a la construcción y reparación de escuelas.
Se dota al Ministerio Público Fiscal, cuya principal función es la defensa de los intereses generales de la sociedad, de herramientas jurídicas adecuadas para lograr la extinción de dominio en favor del Estado provincial, o sea de la ciudadanía, de los bienes, cosas, dineros, derechos y otros activos que se encuentren en poder de quienes sean investigados por la comisión de los delitos de competencia de la Justicia provincial.
El Ministerio Público Fiscal deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite dentro de los 30 días a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley. Además, será el organismo a cargo de solicitar la herramienta legal con la que se buscará subastar los bienes provenientes de la corrupción y del delito en general.
En tanto, el fiscal establecerá una medida cautelar con la que se dará inicio a la demanda y el juez es quien podrá pedir la venta en subasta. Lo que se deduzca de la venta ingresará a rentas generales de la Provincia para ser destinados a la construcción y reparación de escuelas públicas.
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