El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció la actualización del protocolo de aborto no punible, que corresponde a la ley que está vigente desde 1921.
El protocolo de aborto no punible es una guía para que profesionales médicos puedan proceder a la interrupción de un embarazo en los casos en que es legal. Es una herramienta que permite estandarizar esta intervención para los cuerpos médicos.
Mendoza desde el 2018 tiene guía de procedemiento y acción propia y se rige por esa para hacer cumplir la ley.
El presidente Alberto Fernández el jueves en la tarde en Casa Rosada al ministro de Salud, Ginés González García, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quienes dialogó sobre el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que será publicado mañana en el Boletín Oficial.
En una conferencia de prensa posterior, el ministro de Salud explicó que este protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Esta guía de procedimientos, además de sistematizar una práctica para que en cualquier lugar de la Argentina se cumpla la ley con igualdad de derechos para todos los habitantes, también sirve como respaldo para todos los profesionales que están cumpliendo correctamente con la ley pic.twitter.com/zjTb8HOyYM
— Gines González García (@ginesggarcia) December 13, 2019
Busca de esa forma garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente.
Y se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales.
“Con este protocolo damos un instrumento sanitario par que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”, explicó el ministro de Salud.
González García señaló además que “somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”.
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