Contadores mendocinos fueron detenidos por ayudar a evadir impuesto a las Ganancias

Dos contadores mendocinos fueron detenidos, acusados de fraguar declaraciones juradas y propiciar una millonaria evasión del impuesto a las Ganancias.

Por este operativo, la Justicia Federal y la AFIP tienen en la mira a unos 600 contribuyentes.

A través de una página web ofrecían sus servicios. Completando un formulario, con algunos datos personales y tributarios, los potenciales clientes daban pautas claras y abrían el camino a los contadores para encontrar el presunto horizonte de evasión de impuesto a las Ganancias al que muchos pretendían arribar.

De acuerdo a una investigación de la AFIP, la web servicioimpositivo.com constituiría una asociación ilícita que habría evadido más de 100 millones de pesos en tributos al fisco. Estiman que falsificaron declaraciones juradas de empleados en relación de dependencia, en unos 4.000 casos comprobados.

La presunta maniobra habría sido llevada a cabo por dos contadoras y el marido de una de ellas, quienes a través del sitio web prometían a contribuyentes de todo el país reducir el importe a pagar en concepto de deducciones.

A raíz de una denuncia anónima, la AFIP comenzó en 2016 una fiscalización a la contadora Ana Clara Montenegro. Durante la inspección se encontraron importantes diferencias patrimoniales no justificadas en su situación fiscal.

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, los contribuyentes  involucrados, son en su mayoría empleados de empresas mineras y petroleras. 600 de ellos son mendocinos y todos están en la mira de la AFIP por inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Por esta causa, el juzgado federal  1 de la Ciudad de Mendoza ordenó la detención de Montenegro y de su marido, Carlos Luque, y de la también contadora Natalia Olhagaray.

Además, el juzgado dictó en los últimos días allanar domicilios pertenecientes a los denunciados, donde se secuestró más de 240 mil dólares en efectivo y  dos vehículos.

Hasta este fin de semana continuaban alojados en los Tribunales Federales, imputados por el juez federal Walter Bento, de asociación ilícita por evasión, delito que tiene una pena que va de los 5 a los 10 años de cárcel.