Cómo harán para que los presos trabajen

El gobernador Alfredo Cornejo anunció durante su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias de Mendoza la reforma de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 8.465 que dispone como obligatorio el trabajar para los presos.

El proyecto será presentado en estos días y se funda en la noción de que “tanto el delito como la reincidencia han crecido a niveles inusitados en la Argentina” y en el hecho de que “los fines primordiales por los cuales se sancionó la Ley 24.660, hace 20 años, no se han cumplido”.

Conoce lo que la opinión del Juez del Juzgado de Ejecución Penal N° 1, Sebastian Sarmiento:

“El privado de libertad deberá financiar los gastos que su estancia demande y trabajar para indemnizar a la víctima”, sostuvo el Ministro de Seguridad, Gianni Venier.

Según el Ministro de Seguridad, Gianni Venier, a cada persona privada de la libertad se le provee alimento diario y regular, atención médica, vestimenta, una cama, servicios, sin contraprestación obligatoria a la sociedad; y agregó que “cada preso le cuesta al Estado $20 mil mensuales. La idea es que de a poco comiencen a achicarse esos costos”.

El Ministro explicó que el objetivo de la ley refiere a conseguir la adecuada inserción social de las personas privadas de libertad, siendo el trabajo, la educación y la capacitación los ejes rectores para lograrlo.

Con esta reforma, Venier indica que sólo a partir del cumplimiento de los deberes laborales, las personas privadas de libertad obtendrán beneficios, como por ejemplo las salidas transitorias que antes eran pedidas por buena conducta y explicó que “antes se solicitaban al juez por escrito. Ahora se hará mediante audiencia pública ante el juez de ejecución y con la presencia de la víctima quien podrá optar por asistir, o no, a la instancia o por enviar a un representante”. Una ley buscará obligar a los presos a trabajar en las cárceles

Para acceder a los beneficios se constatará que “haya cumplido efectivamente con las labores mínimas exigidas por la autoridad y el trabajo, tanto en cantidad como en calidad, la acreditación de pago de los gastos de su estadía o internación en los lugares de detención como así también el resarcimiento a las víctimas”, concluyó el ministro.

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