Como consecuencia de las denuncias por abuso sexual que se están investigando en el Instituto Antonio Próvolo y ante el reclamo de los abogados querellantes respecto de la complicidad por parte de profesionales que trabajaban allí, el Ministerio de Salud ordenó abrir investigaciones administrativas en contra de 10 especialistas.
Los sumarios refieren a fonoaudiólogos, terapistas, nutricionistas y psicopedagogos que prestaban el servicio médico en la escuela.
Una vez que se realicen estos informes, deberán ser entregados a la asesoría letrada para evaluarlos y luego a la ministra de Salud, quien definirá en última instancia la posible sanción.
De comprobarse que hubo omisión o encubrimiento, la máxima sanción que se les aplicaría es la inhabilitación para ejercer por cinco años. En tanto, penalmente deberá determinarse el delito que les corresponda.
Además, el Gobierno, mediante la resolución 407/17, decidió inhabilitar preventivamente a la Obra San José, a cargo de la administración del colegio, a prestar servicios asistenciales. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno tiene la potestad para autorizar o no a los organismos públicos y privados para ejercer la medicina.
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