Este miércoles declaró otra psicóloga de capital María Giménez. Ratificó lo dicho por la anterior psicóloga Fernanda Fader, que dijo que la restitución era de un altísimo riesgo.
Además, también una trabajadora social de capital que también ratificó las quejas que se elevaron al ministerio con respecto al desastroso proceder de Felipe Vizcarra.
Todos hablaron de que conocían el “riesgo inminente” de la situación de Luciana.
Solo queda un testigo. El operador telefónico que estuvo imputado en esta causa, pero que hoy está como testigo por proposición del fiscal Capizzi.
La Policía se comunica con él y él eleva la comunicación a Castro (una de las imputadas) y ella ordena la restitución a la madre ese mismo 31 de diciembre.
Prestó testimonio una dirigente de Ampros para defender a los trabajadores por la precariedad laboral que para ellos ha sido clave en este caso.
El viernes hay alegatos.
El 7 de enero de 2014, minutos antes de las 22, Orellano llevó a la criatura hasta la clínica Santa María, ubicada a pocos metros de la casa abandonada de calle Entre Ríos al 368 donde vivían. Los profesionales intentaron reanimarla, pero la pequeña perdió la vida 40 minutos después.
Tras dar aviso a las autoridades, policías detuvieron a los padres de Luciana en el mismo domicilio. Familiares llegaron al lugar y junto con cuidacoches de la zona revelaron que el hombre había golpeado a la pequeña en varias ocasiones, lo que fue el inicio de la investigación que involucró a funcionarios gubernamentales.
Orellano fue imputado por homicidio agravado por alevosía –aprovechó el estado de indefensión de la pequeña– y a Rita Rodríguez la acusaron por homicidio agravado por el vínculo y por omisión impropia, ya que tenía conocimiento de lo que sucedía y no hizo nada para evitarlo.
El 29 de setiembre de 2015, la Séptima Cámara del Crimen condenó a los progenitores de la pequeña a prisión perpetua.
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