Se presentó en la Cámara de Diputados la inciativa para que Mendoza adhiera a la Ley 27.499 Ley Micaela, aquella establece una serie de capacitaciones “en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas humanas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, sin distinción de la forma de designación y condición de la misma”.
La pieza legislativa, que es rubricada por la diputada Tamara Salomón (UCR) junto a las firmas de Cecilia Rodríguez, Maricel Arriaga y Marcela Fernández; establece en los fundamentos que “la violencia contra las mujeres es una vergüenza social y una violación a los derechos humanos fundamentales”.
Agrega que “promocionar y defender los derechos de las mujeres, empoderarlas y que puedan concretar un proyecto de vida autónomo, libre de todo tipo de violencia, habitar en una sociedad justa, pacífica y convivir en armonía es un derecho de la persona humana como así también es responsabilidad indelegable del Estado provincial garantizar el ejercicio de los derechos humanos, abordando las desigualdades y asumiendo la obligación legal de proteger a las mujeres frente a la violencia y ayudar a su prevención y erradicación”.
El proyecto contempla las capacitaciones en temática de género y violencia contra las mujeres pero, a su vez, insta a los sindicatos y/ o agrupaciones con representación sindical de trabajadores del sector público, o con actividad en el sector público a “promover, facilitar y participar activamente de forma tal que todos los funcionarios públicos estén comprendidos y alcanzados por este proceso de capacitación obligatoria”.
Por otra parte, se designa a la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza (o el organismo que lo reemplace) a ser la autoridad de aplicación. Del mismo modo, el Instituto Nacional de las Mujeres, por intermedio de la autoridad de aplicación, certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta adhesión.
Dentro del articulado, la iniciativa indica que “la autoridad de aplicación realizará en 60 días corridos una Guía o Manual De Buenas Prácticas de Capacitación en Género que permitirá realizar acciones preventivas y/o detectar posibles situaciones, comprendiendo el seguimiento y la validación de los resultados”.
También se establece, en el proyecto, que se deberá desarrollar “una página web de acceso público”, en la cual se deberá publicar anualmente (los 30 de diciembre de cada año) un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la norma.
Finalmente, la letra del proyecto dispone que si la autoridad de aplicación solicita información y provisión de datos respecto al cumplimiento de ésta norma, los tres poderes provinciales y municipios adheridos, deberán suministrarlos conforme lo establece la Ley 9.070 de Acceso a la información Pública Provincial.
En tanto, la norma presentada por Salomón recuerda que “la Ley 27.499 fue sancionada a fines del año 2018 y lleva el nombre de Micaela García, joven de 21 años que militaba en la agrupación Movimiento Evita de Gualeguay, Entre Ríos”. Agrega que la joven “salió una noche a bailar y ya no volvieron a verla. Tras siete días de intensa búsqueda, la encontraron muerta. Micaela fue víctima de uno de los 295 femicidios registrados en 2017. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años”.
Este proyecto ya se analiza en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja y aguarda despacho para pronto tratamiento en el recinto.
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