El rechazo del Senado de la Nación a la legalización de las intervenciones quirúrgicas en los hospitales para la Interrupción Voluntaria del Embarazo terminó siendo el punto de partida de una serie de medidas alternativas que se discutirán en las próximas semanas.
El Presidente Mauricio Macri insistió en que “es un problema a resolver”, adelantando lo que horas más tarde confirmó el Jefe de Gabinete, Marcos Peña: en la reforma del Código Penal se debatirá la despenalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Este paso le permitiría al Estado tener un registro certero de la cantidad de abortos clandestinos (hubo enormes polémicas respecto de la veracidad de las cifras de los supuestos abortos clandestinos) e identificar a las mujeres en situación de riesgo de embarazos no deseados.
De visita en Mendoza, el Ministro de Salud de la Nación lamentó el resultado de la votación en el senado. Adolfo Rubinstein dijo tener un poco de frustración por el rechazo, pero advirtió que “alguna solución se le debe dar al problema” y confirmó que ahora apuntarán a la modificación del Código Penal.
A nivel provincial, se buscará derogar la ley que prohíbe la venta de Misoprostol en las farmacias, ya que el medicamento sólo se consigue en ámbitos públicos. Sólo Mendoza y San juan prohíben comercializar esta droga en el sector privado.
El Misoprostol actualmente se usa en Mendoza sólo en el ámbito público. Se compra desde el Gobierno y lo administra el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva. A medida que las maternidades (públicas y privadas) lo soliciten, se evalúa cada caso y se le entrega al médico una pastilla.
Hay una iniciativa en la Legislatura provincial de la diputada de Cambiemos, Ana María Andía, de cambiar esa situación. La Ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli, confirmó sus intenciones de derogar esa ley y dijo que ya habló con legisladores al respecto. “Pronto habría novedades”, dijo la funcionaria.
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